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Crónica de las reformas electorales a la Constitución de 1917
 Muera el IFE, viva el INE

Lic. Salomón Aguirre Zárate

       La ley Federal Electoral del 7 de enero de 1946, expedida por el Presidente Manuel Ávila Camacho, marco el tránsito hacia la modernización de los procesos electorales, cuando la organización de los mismos dejaron de ser atribuciones de los ayuntamientos y de los gobiernos locales para ser encomendados a la Federación, a través de un organismo denominado Comisión Federal de Vigilancia Electoral, para quedar posteriormente denominado como Comisión Federal Electoral.
La Comisión Federal de Vigilancia Electoral estaba integrada por el Secretario de Gobernación, quien era el que la presidía, y con otro miembro del gabinete, comisionados del Poder Ejecutivo; también contaba con dos miembros del Poder Legislativo, un Senador y un Diputado, los cuales eran comisionados por sus respectivas Cámaras, y además dos comisionados de Partidos Políticos Nacionales, que eran designados de común acuerdo por los Partidos Políticos y por último, contemplaba la participación del  Notario Público más antiguo de la Ciudad de México, quien fungía como Secretario de la Comisión.
Posteriormente, con la promulgación de la Ley Electoral del 4 de diciembre de 1951 por el Presidente Miguel Alemán, se incluye a los Partidos Políticos legalmente registrados como corresponsables de la vigilancia y del desarrollo del proceso electoral.
Después de la reforma a la Ley Electoral Federal en 1963, donde se tomó como criterio para la designación de los comisionados de los partidos nacionales, los resultados de estos últimos en la votación anterior.      
La ley fue modificada una vez más en 1973, de esta nueva modificación se destaca, por lo que respecta a la composición de los organismos electorales, la ampliación de la representación de los partidos políticos, al integrar un comisionado por cada partido político nacional en todas las instancias electorales, con voz y derecho a voto, y por convertir a la Comisión Federal Electoral en un organismo permanente.
La ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, mantuvo en  términos generales la configuración de los organismos electorales; al igual que la ley anterior, tenían voto en la Comisión Federal Electoral todos los representantes de los partidos con registro, los comisionados de los poderes, además de un comisionado que se sumó, el cual era un Notario Público; la inserción de este ultimo generó una fuerte oposición de la mayoría de los partidos políticos.
El Código Federal Electoral de 1986, auspiciado por el Presidente Miguel de la Madrid, difiere conceptualmente de la legislación anterior, especificando que la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones es una función de orden público, que corresponde al Gobierno Federal; los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de esta función.
La experiencia de la elección del 6 de julio de 1988, para nadie había pasado inadvertida; muchas fueron las razones que animaron al legislador a transitar nuevamente el camino de la reforma electoral en el año de 1989. La principal sin duda, era la construcción de una nueva institucionalidad electoral capaz de conferirle credibilidad al proceso comicial y, por ende, a los resultados electorales.
El cúmulo de irregularidades que se presentaron en dicha jornada electoral, hizo que la sombra de la duda, de la incertidumbre, pesara desde entonces en las instituciones electorales. El asumir  nuevas reglas del juego concertadas era la única vía para rehabilitar a un sistema electoral tan debilitado.
Finalmente, la reforma electoral de 1989-1990,  que dio lugar al actual Código federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), confecciona un nuevo organismo electoral denominado Instituto Federal Electoral, el cual mantiene algunos rasgos de los anteriores organismos y da cuenta de nuevos elementos, estableciendo además la Dirección Ejecutiva y el Registro Federal de Electores.
Otra innovación importante del nuevo Código fue el Servicio Profesional Electoral; así mismo el COFIPE diseño de una manera novedosa las etapas de elaboración del padrón electoral; como la formación del Catalogo General de Electores, mediante el levantamiento de un autentico censo de todos los habitantes mayores de 18 años;  la elaboración del padrón electoral, mediante el llenado por los ciudadanos ya catalogados de una solicitud formal; las listas nominales de electores que registran a los ciudadanos empadronados que recibieron su credencial para votar.
Con las reformas de septiembre de 1993, el actual COFIPE fue avanzando en este terreno en varios aspectos; establecimiento de la credencial para votar con fotografía; ampliación de la esfera de atribuciones de las comisiones de vigilancia y su establecimiento en los tres niveles institucionales; nacional, estatal y distrital. Aun así, la discusión en torno a la reforma electoral de ese año, introdujo nuevos temas a la agenda, tales como los relativos a la necesidad de normar las condiciones del juego y de la competencia entre partidos, como el financiamiento, gastos de campaña y acceso a los medios de comunicación, pero los que mayores fricciones siguieron provocando fueron los relativos a la realización del proceso electoral.
Durante el segundo semestre de 1996 se logró concretar un renovado esfuerzo de revisión, actualización y perfeccionamiento de la normatividad que regula los procesos electorales en México; el cual comprendió importantes cambios e innovaciones tanto a  nivel del ordenamiento constitucional como de la legislación reglamentaria en materia electoral. Esta reforma incluyo avances muy importantes en la consolidación del Instituto Federal Electoral como un órgano plenamente autónomo, así como el desarrollo de prácticas y procedimientos que aseguraran mayor trasparencia y confiabilidad en los procesos electorales. Entre otros cambios, el nuevo COFIPE señaló que se debía adecuar y mejorar el Estatuto del Servicio Profesional Electoral entonces vigente; en consecuencia, estableció la atribución del Consejo General para aprobar un nuevo marco normativo que contribuyera a reforzar el profesionalismo, la autonomía y la imparcialidad de los servidores de la institución.
Además dentro de los principales cambios que comprendió este importante proceso de reforma, destacaron las relativas a la composición de los órganos de representación nacional, el fortalecimiento de un régimen de partidos cada vez más competitivo; la garantía de condiciones de mayor equidad en la contienda electoral; la consolidación en los atributos de independencia y la autonomía del organismo depositario de la autoridad electoral, así como las trascendentes en el ámbito de la justicia electoral y los regímenes electorales a nivel local y distrital, lo anterior para enfrentar el proceso electoral del año dos mil.
La reforma política electoral del año 2002, introdujo a nuestra legislación la regulación de la equidad de género, transformándose en una realidad parcial en la lucha  que desde varias décadas han tenido las mujeres en nuestro país; toda vez que la ciudadanía se concede actualmente y desde el 17 de octubre de 1953, indistintamente a los hombres y a las mujeres que reúnan los requisitos que exige el artículo 34 Constitucional señala, antes de esa fecha solo podían tener la calidad de ciudadanos los varones; como se recordara la reforma  Constitucional al artículo 115, en el año 1947, otorgó el voto a la mujer exclusivamente para participar en procesos electorales municipales; pero no fue sino hasta en año de 1953 cuando esta misma facultad se confirió a la mujer el ejercicio de los derechos políticos para votar y ser votadas en todos los procesos electorales del País.
La reforma electoral aprobada en el año 2003 entre lo más destacado se contemplaba los requisitos que debían de cumplir todas las Agrupaciones Políticas Nacionales para poder solicitar su registro como partido político nacional. En realidad, ha sido desde hace poco tiempo que la discusión ha tendido a instalarse en este terreno; a lo largo de nuestra historia más reciente, digamos que desde la fundación del PNR, el sistema político mexicano ha sido considerado como poco inclinado a las formas democráticas y ha sido comprendido como un ejemplo de autoritarismo político, a pesar de lo cual los procesos comiciales no han dejado de llevarse a cabo con impresionante puntualidad desde el año de 1929 hasta la fecha, este autoritarismo ha evolucionado y abandonado sus formas más elementales propias de la posrevolución, pero su carácter autoritario no ha desaparecido; en el ámbito electoral el autoritarismo mexicano se ha traducido en un sistema de organización, desarrollo y vigilancia de los comicios fuertemente controlados por el Gobierno, con un partido gubernamental que hasta antes del proceso electoral del año 2000, había disfrutado de innumerables privilegios y en el que, por lo tanto los otros partidos no habían tenido igualdad de condiciones para competir por el acceso al gobierno y a la representación.
Las modificaciones mas resaltadas en la reforma electoral del año 2005, sin duda fue el establecimiento del voto de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República.
Ahora bien, el proceso electoral del año 2006, ha quedado en la historia de México, como la elección presidencial más competida, toda vez que puso a prueba el marco electoral vigente; en razón de que existió una confrontación directa entre los principales candidatos presidenciales que concluyó en una elección con resultados inéditos en nuestro sistema electoral mexicano. Esto obligo al legislador a transitar por enésima vez en el camino de las reformas políticas electorales, iniciándose de esta manera una de las revisiones más extensas realizadas a la legislación electoral vigente en México.
La reforma electoral de 2007-2008 impulsó las principales características del proceso de construcción de la democracia en México ha sido la consolidación del cambio político mediante la legislación electoral; dando origen al Comité de Radio y Televisión como el órgano encargado de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a los programas y mensajes de los partidos políticos; a la Contraloría General, con facultades estrictamente delimitadas para vigilar y auditar el uso de los recursos y el cumplimiento de las tareas programadas por los funcionarios del Instituto y a la Unidad Especializada para la Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos; regulándose también la colocación física de la propaganda, así como en los medios electrónicos de comunicación; se contempla los periodos de precampañas y campañas; se establece un régimen  de responsabilidades y sanciones que incluye a los partidos políticos, funcionarios públicos, ciudadanos, asociaciones religiosas, concesionarios o permisionarios de radio y televisión, y a cualquier persona física o moral que contravenga las nuevas reglas de difusión de propaganda político electoral; establece que los Consejos Distritales deberán realizar el recuento de los votos en la totalidad de las casillas cuando la diferencia sea igual o menor a un punto porcentual entre los candidatos que hayan obtenido el primero y segundo lugar en la elección.
En una Jornada Electoral pacifica, más del 60% de los mexicanos con derecho a voto acudieron a votar en el más reciente proceso electoral federal del 1 de julio del 2012; dándose posteriormente una batalla legal que culmino hasta que se agotaron los últimos recursos que en materia electoral son procedentes, y a la postre dando paso a la instalación del retorno del PRI  a los pinos después de una ausencia de dos periodos sexenales; iniciándose también con ello una serie de reformas de estado, las cuales incluían entre otras la político electoral.
La más reciente reforma en materia político electoral, aprobada por el Senado de la República en la madrugada del día miércoles 4 de diciembre del año 2013 termina con más de veinte años de existencia del Instituto Federal Electoral, dando paso al recién creado Instituto Nacional Electoral; así mismo  termina con la vida de los institutos electorales que conforman las entidades federativas de nuestro país, los cuales al entrar en vigor la mencionada reforma, ahora se denominaran Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas en Materia Electoral.
Entre  las facultades dadas por el legislador al Instituto Nacional Electoral, entre otras se destacan que será responsable de los materiales de capacitación electoral, nombrar a losintegrantes de los institutos electorales locales, organizar elecciones,  la geografía, el PREP, lineamientos, encuestas, fiscalización de elecciones locales; además será el responsable de los comicios en todo el país, aunque se auxiliará de los institutos estatales, pero si detecta que en la entidad de la que se trate existe intromisión de los gobiernos o se generan condiciones de inequidad, podrá atraer la organización de ese proceso electoral y hacer a un lado al Instituto Local; y podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión.
Con la nueva reforma constitucional en la materia, el modelo electoral hoy en día, regresa al centralismo, con el recién creado Instituto Nacional Electoral  cuyo Consejo General conformado ahora por un presidente y diez consejeros electorales, fue seleccionado en onces quintetas en un procedimiento de convocatoria pública por una Comisión integrada por representantes de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); y posteriormente fueron electos por la Cámara de Diputados.
Con la entrada en vigor de la reforma aprobada se terminan más de ochenta  años de no reelección, es decir, se rompen de facto con la resistencia a la reelección y dispone que los diputados federales y estatales tendrán derecho hasta a cuatro elecciones para quedarse en la curul hasta por 12 años; los primeros en beneficiarse de la nueva reforma electoral, serán los legisladores que serán electos en el próximo proceso electoral federal 2014-2015; en tanto que  los senadores tendrán derecho hasta dos elecciones, lo cual les permitirá estar 12 años en su cargo;  respecto de los alcaldes, regidores y síndicos podrán reelegirse hasta por un periodo de seis años consecutivos.  Se establecen tres causales de nulidad de elecciones: primero, cuando se exceda el gasto en cinco por ciento del monto total, segundo, cuando se compre cobertura informativa en medios fuera de los supuestos previstos en la ley; y tercero,  cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Pero,  resulta la situación que prevalece hoy en día, con la entrada ya en vigor de la reforma electoral, y una vez que ya se encuentra en funcionamiento el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; sucede que se encuentra atado de manos, en razón de que aun no han sido aprobadas las leyes secundarias de la multicitada reforma en materia electoral; arrastrando con ello una franca violación constitucional, debido a que ya se venció el plazo para la promulgación que era el día treinta de abril; y el Congreso ha citado para un periodo extraordinario en donde se discutirá y aprobara el dictamen de las leyes secundarias, para posteriormente someterlas al Pleno en la segunda quincena del mes de mayo para su aprobación; originando  por ahora que no haya reglamentos, puesto que nos encontramos  con un rezago legislativo muy fuerte; sumado lo anterior, los legisladores deberían de recordar que el próximo proceso electoral federal contemplado en la nueva reforma electoral que ellos mismos aprobaron, inicia la primera semana de septiembre de este año, que la fecha de la jornada electoral se adelantó un mes, ahora se realizarán el primer domingo de junio; que la instalación del próximo Congreso de la Unión será el 1 de agosto,  y finalmente el próximo Presidente de la República;  tomara protesta el 1 de octubre.
Por último; se concluye que con el actuar de los legisladores, es preciso señalar que  únicamente están paralizando las funciones del recién creado Consejo General del Instituto Nacional de Electoral, que de inmediato deberá entre otras actividades designar a los Consejeros Electorales que integren los Institutos Estatales Electorales, -siete por cada entidad- en las  entidades de Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco; que tienen procesos electorales el próximo año.
Lic. Salomón Aguirre Zárate. E-mail:  aguirrezasa@gmail.com

 

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